Opinión

CASO ALVARO URIBE VELEZ: EL PROCESO QUE NUNCA DEBIO NACER.

Por: Manuel Ruiz G.

Se avecina un nuevo acontecimiento histórico, de gran relevancia para el país, que pone a prueba la solidez y consistencia de nuestro Estado Social de Derecho, según la definición que viene estipulada en el artículo primero de la constitución política de Colombia, promulgada el año 1991; Estado de Derecho, que hoy se ve amenazado por esas decisiones exóticas que últimamente están tomando algunas entidades de la rama judicial, especialmente las derivadas de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia colombiana, en casos emblemáticos como los contenidos en los procesos del exministro Uribista, Andrés Felipe Arias, el exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos y del mismo expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Después de casi cinco años de trajines, peripecias y tragedias jurídicas, sufridas por el expresidente Álvaro Uribe Vélez en el marco del trámite de su proceso judicial, hoy conocemos que se anuncia una nueva intervención de las autoridades judiciales en ese trámite procesal, dándole continuidad a la audiencia que había sido suspendida como consecuencia de las acciones y maniobras de los instigadores que alimentan dicho proceso, que se han valido de toda clase de artimañas para dilatar en el tiempo la condición de Sub-Judice del investigado, Álvaro Uribe y mantener de ese modo vivo, un proceso que nunca debió nacer.

Ya sabemos y conocemos entonces que, hay un juez de la republica que está próximo a fallar de fondo en este proceso judicial, donde tendrá que decidir sobre la petición de preclusión que solicitó un fiscal de la nación para el proceso que se le sigue al expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien fue “investigado”, “procesado” y secuestrado, por cuenta de la “Corte Suprema de Justicia”, que en su momento, dictó una medida de aseguramiento contra el expresidente consistente en detención domiciliaria, por mandato de los súper magistrados que conforman la sala penal de la Corte Suprema, al mando del magistrado: José Luis Barceló, en el curso de “un proceso” QUE NUNCA DEBIÓ EXISTIR. 

También sabemos que el próximo jueves 11 de noviembre cursante, vence el plazo para que la Corte Constitucional falle la tutela que se tramita en esa alta corte, a petición del Dr. Uribe Vélez, donde se discute la legitimidad y la legalidad de la competencia y del procedimiento penal utilizado en dicho proceso, desde la perspectiva de cuál sería la entidad judicial competente para continuar con el trámite de este caso.

El Caso URIBE, es un asunto ampliamente conocido en Colombia y en la comunidad internacional, donde son muchas las críticas y cuestionamientos que han existido en torno de este proceso, entre otras, por las “pruebas” que, se han recaudado, las pruebas que se han dejado de practicar y la forma como algunas de esas pruebas se han practicado. De igual manera ha existido gran controversia en relación con los contenidos de esas pruebas, tanto las practicadas como las dejadas de practicar.

No alcanzamos a entender por qué razón, un cuerpo de juristas de tanto prestigio y reconocimiento nacional en los saberes del Derecho Penal colombiano que tiene hoy la defensa del Dr. Álvaro Uribe Vélez, se ha dejado confundir en la parte formal de este proceso, por parte de la corte, que ha querido manipular un proceso como este, que nunca debió nacer, que nunca debió existir, pero que si sirve o sirvió para destrozar los derechos políticos del Senador Uribe y de sus electores, al verse constreñido y forzado a renunciar a su curul de Senador de la Republica, gracias a la presión de un proceso espurio que ha estado haciendo uso de las vías de hecho, al interior de “un proceso jurídico”.

Al respecto, consideramos pertinente hacer con todo respeto algunos comentarios en el sentido de que, en este proceso además de las consideraciones eminentemente penales y de la valoración de los elementos materiales probatorios, la argumentación desde la práctica, vigencia y legalidad de las pruebas, deberían estos juristas darle también un tratamiento a este proceso desde el ámbito del Derecho Constitucional y muy especialmente, desde la óptica del Derecho Procesal, para cuestionar y reclamar el cumplimiento de una serie de principios y derechos fundamentales, que aquí se están violando palmariamente y que de ser probados, darían paso a una nulidad procesal, que pondría fin a un proceso que nunca debió nacer.

El proceso nace en la Corte Suprema de Justicia y de qué manera: En ese “nacimiento del proceso”, proceso, que NUNCA DEBIO NACER y mucho menos existir, donde el magistrado Barceló actúa de oficio y además, como abogado de oficio del “Senador de Farc”, Iván Cepeda Castro, se produjeron toda suerte de arbitrariedades, vías de hecho, extralimitación de funciones e ilegalidades, QUE REPETIMOS, aún no entendemos por qué razón esto no se ha discutido ni se ha alegado en el proceso en favor del procesado Uribe Vélez.

Vemos que solo se alega sobre pruebas, practica de pruebas, pero no vemos el ataque a el Procedimiento Penal, al Principio de Legalidad, el Debido Proceso, La Extra y Ultra actividad de la ley penal, el principio de favorabilidad, el principio de la Dignidad Humana y el reconocimiento, respeto y goce de los principios y derechos fundamentales del procesado, que por demás han sido violados vulgarmente, de forma sistemática y a montón en el “nacimiento” de este proceso, que no debió nacer. Veamos algunas de estas situaciones, que merecen nuestro reproche.

Este proceso nace un 16 de febrero de 2018, por una compulsa de copias ordenada por el “súper magistrado” Barceló, con fundamento en la Ley 600 de 2000; (Sistema Penal Inquisitivo); En este sistema Inquisitivo, un solo juez surtía todas las etapas procesales y el mismo fallaba, además, era un proceso de UNICA instancia, donde el investigado no podía presentar recursos y su defensa era mínima, era poco garantista para el procesado. Esta Ley, la Ley 600 de 2000 sufre un fenómeno que se ha llamado: Perdida de vigencia, porque ocurrió una Derogatoria Orgánica por cuenta de la entrada en vigencia de la Ley 906 de 2004. No obstante, lo anterior, se mantiene la vigencia de la Ley 600 de 2000 para los aforados, entre ellos, los Senadores, pero queda intacto y ratificado el principio de favorabilidad respecto de la vigencia de las normas penales en el tiempo. Esto ocurría para el año 2004.

Posteriormente, por intermedio de actos legislativos se reforma la constitución y se instaura en Colombia para todo procesado penalmente, incluidos los aforados Senadores de la república, la figura jurídica de “La doble Instancia”, donde el procesado puede acudir a una instancia superior, en busca de garantías procesales que le permitan asumir su defensa desde la visión de otro operador de justicia y así disfrutar de estas garantías procesales, lo que deja en el camino a la Ley 600, por obsoleta y por decaimiento de su contenido normativo, que ahora si es copado por la ley 906 de 2004. De nuevo tenemos que decir que, el procedimiento contenido ahora en el sistema penal acusatorio de la ley 906, brinda más garantías al procesado y por ello el proceso del Dr Alvaro Uribe debió iniciarse bajo la tutela de la ley 906, que le es favorable y le garantizaba de mejor manera sus derechos procesales y bajo ninguna circunstancia debió nacer bajo el control de la ley 600.

Otro detalle importante y de mucho peso en este caso, lo constituye la forma como fueron creadas y estructuradas las distintas Salas, de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, para atender las modificaciones y adecuaciones del procedimiento penal, ahora que se instauró y se puso en vigencia La Doble Instancia. Sería bueno que se indagara, con que leyes se hizo la creación de la Sala de Instrucción, la de Juzgamiento, sus competencias y su forma de proveerlas. También sería de mucha utilidad revisar la forma como se repartieron esas compulsas de copias en esas salas, que dieron origen al proceso penal de Álvaro Uribe; Se cumplió en todo esto el debido proceso y el principio de Legalidad.?

Consideramos que, si se hace una revisión profunda a esta serie de detalles que se han conocido, es muy posible que este proceso haya nacido muerto y que, en realidad NUNCA DEBIO NACER y mucho menos existir, bajo las condiciones en que fue creado. Esperamos que la Justicia colombiana ahora en cabeza de la Corte Constitucional, que revisa una tutela y el juez del conocimiento que decidirá sobre la preclusión solicitada por la fiscalía y a favor del investigado, hicieran un Control de Legalidad a estos asuntos, para bien de la democracia y de nuestro sistema judicial, que hoy nos tiene en máxima alerta y con una gran expectativa frente a este caso y las decisiones que, desde su rol de Jueces, tomaran próximamente.

La constitución Política de Colombia, el Derecho Constitucional, las normas del procedimiento penal actuales y las normas de convenios internacionales, están a favor de la defensa del Expresidente Uribe Vélez; Hay que usarlas, ejercitarlas, reclamarlas y aplicarlas. Esperamos que su cuerpo de juristas, se percate de estos detalles y no dejen de revisar estas posibles debilidades en este proceso.

Esperamos con mucha atención las decisiones que empezaran a conocerse a partir de esta semana por parte de los jueces que tienen a su cargo estas decisiones, para que, dentro de un proceso justo y apegado al derecho, se tomen las decisiones que sean pertinentes.

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One thought on “CASO ALVARO URIBE VELEZ: EL PROCESO QUE NUNCA DEBIO NACER.

  1. Cuanta falta de rigurosidad periodística, falte parcialidad y poca objetividad en un solo artículo. La persona que lo escribió «Manuel Ruiz G.» debe saber que insulta al periodismo con cada palabra. Le faltó escribir «nunca debió existir» unas 4 veces más a ver si por obra del divino se le cumple. Pero la ley es la ley, y Alvaro Uribe un Cobarde con C mayúscula que cuando es enfrentado por jueces objetivos renuncia a su cargo huyendo de tales jueces en busca de unos más amigos que van a obviar cualquier prueba en contra de él.

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