Opinión

EL PLAN ESQUIZOIDE DE LA IZQUIERDA

Por: Antonio Cavadía.

Se completan cuatro semanas de movilizaciones en el país y el panorama es desalentador, un gobierno sin autoridad, una izquierda esquizofrénica con sus delirios de poder y una ciudadanía sumida en un profundo caos producto del vandalismo disfrazado de protesta social.

El gobierno del presidente Iván Duque se acerca a su tercer año de mandato y ha demostrado un alto nivel de debilidad, respecto del ejercicio de su autoridad y en relación con los desmanes de los que vandalizan las ciudades y carreteras del país. Aunque algunos dicen que es una estrategia política para hacerlo ver como un verdadero demócrata, creo que no es así, porque hoy la ciudadanía que no hace parte de la protesta social exige y demanda el cumplimiento del estado de derecho, bajo el entendido de que, no es posible que hoy por hoy los derechos de los marchantes avasallen los derechos de los no marchantes, ya que en materia de derechos fundamentales, existe una premisa que los rige, la cual señala que los derechos fundamentales no son absolutos y antes por el contrario deben coexistir, sin que unos sean más importantes que otros.

Bajo esa premisa la ciudadanía se pregunta: ¿es más valeroso el derecho a la protesta social que, el derecho al trabajo y a la libre circulación de los que no protestan?

Esto  bajo un análisis jurídico se respondería tajantemente que NO; sin embargo para la izquierda Colombiana los derechos de los que protestan si están por encima de los derechos de los demás y esto gracias a que esta misma facción política justifica que el bloqueo de vías, el bloqueo de transporte de productos básicos, el saqueo de supermercados, bancos, microempresas y cualquier establecimiento que ofrezca bienes y servicios, pueda  incluso ser destruido si es el caso, convirtiendo esto en un actuar legal y legítimo y no tipificándose tales acciones como delitos.

Lo anterior deja ver claramente el plan esquizoide de la izquierda radical colombiana en tomarse el poder, sin importar los daños que se le puedan causar a ésta ya fracturada sociedad, ni los medios utilizados para ello, porque siendo sinceros si los orquestadores del paro les importara el bienestar del país, no lo hubiesen incendiado de la manera como lo han hecho hasta el día de hoy. El problema para ellos es que se les están saliendo las cosas de las manos y el paro ya está teniendo sus efectos adversos, no solo para la economía, sino también para la seguridad y salubridad de la ciudadanía golpeada por el virus covid-19, algo que muy seguramente tendrá sus repercusiones electorales en el 2022.

La horda de seudopoliticos encabezada por Gustavo Petro y compañía limitada, han comprendido que, por la vía democrática no podrán llegar al poder en Colombia. Por esa razón, han implementado una máxima del  comunismo marxista- leninista:  “ La combinación de todas las formas de lucha “ de la que hoy no queda la menor duda que están utilizando y  que la cumplen a cabalidad a través de una sostenida propaganda internacional contra el gobierno de turno, auto victimización, campañas  por redes sociales, vandalismo en las calles, mociones de censura, anarquía política y como si fuera poco se le suma un ingrediente nefasto: los dineros  provenientes de las rentas del narcotráfico para financiar sus luchas y que en conclusión tienen un solo fin, tomarse el poder presidencial, por cualquier medio.

Ante este panorama, es apenas oportuno hacer memoria y recordar la célebre frase del gran líder liberal Darío Echandía, cuando aceptó el cargo de gobernador del departamento del Tolima en la época de la violencia partidista, cuando le toco decir: “Y el poder para qué?”.

Eso mismo le pregunta la ciudadanía hoy al gobierno nacional: “y el poder para qué?”, ya que al parecer la autoridad en Colombia hoy no son los organismos de seguridad del estado sino los vándalos disfrazados de protestantes. Por esa razón es perentorio exigirle al gobierno nacional, tomar las medidas que sean necesarias para defender nuestra institucionalidad y al mismo tiempo se garanticen los derechos humanos, porque resultaría inaceptable que, un actuar ilegítimo destruya el sistema democrático que se ha construido hasta ahora, para que los agitadores del caos implanten un nuevo sistema insostenible.

En ese sentido el comunismo colombiano ha sabido mover sus fichas y sus alfiles, puesto que han comprendido que aquí la autoridad no existe para los vándalos, pero si para los que no están protestando; por esa razón estamos en tal situación de la cual se ha aprovechado  la mal llamada oposición y han hecho con este gobierno lo que han querido y que no han dejado gobernar, como lo anunció Petro una vez reconocida su derrota electoral en la segunda vuelta presidencial, y que es lo que se ha visto en este trienio de mandato presidencial.

La consecuencia de esta ingobernabilidad podría ser nefasta, debido a que cuando el estado no es capaz de cumplir sus fines constitucionales, la misma ciudadanía lo hará por su cuenta y ojalá esto no llegue a los extremos donde la misma ciudadanía tenga que defender su vida, honra, bienes y patrimonio por sí misma, ante la incapacidad estatal de cumplir con ese fin que en el artículo segundo de nuestra Constitución Nacional le encarga al estado colombiano.

En conclusión, días aciagos se avizoran en el plano social, político, económico y sanitario del país y aún no se observa la luz al final del túnel, porque mientras los autodenominados políticos de la renovación blandeen las banderas del cambio a través de sus discursos de odio y el gobierno no imponga orden, el país seguirá sumido en la anarquía y el caos, caldos de cultivo del que se nutren los comunistas colombianos para alcanzar sus objetivos electorales.

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