Opinión

LA MINERÍA LEGAL NO ES EL ENEMIGO

Por El Republicano

Este lunes, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) dio a conocer al país la decisión de archivar el trámite de licencia ambiental del proyecto minero Quebradona. A pesar de que esta decisión no constituye una negación al proyecto, ya que se abstienen de tomar una postura de fondo, sí envía un pésimo mensaje a la industria y al país, en momentos en que el gobierno busca incentivar la inversión extranjera y encontrar fuentes de trabajo que ayuden a la reactivación económica en la post pandemia.

Resulta, además, muy llamativo que la decisión de la ANLA llegue justo días después de que el candidato presidencial, Gustavo Petro, anunciara en el congreso de la Asociación Colombiana de Minería ACM en Cartagena, que no daría la licencia ambiental al proyecto Quebradona. Hay que tener en cuenta que el proyecto lleva cerca de 22 meses en proceso de licenciamiento ambiental, cuando este es un proceso que por términos legales y de reglamentación, no debería extenderse más de 8 meses.

El estudio de impacto ambiental tomó 14 años de investigación e involucró más de 27 consultores expertos en áreas de geología, hidrología, ecología entre otras especialidades. Preocupan los criterios tenidos en cuenta para archivar el proceso, preocupa la dilatación que la ANLA le dio a la toma de una decisión, y preocupa el mensaje que se le envía al país y a los inversionistas internacionales.

Últimamente, la opinión en nuestro país está siendo incentivada erróneamente  a creer en la idea de que para proteger al medio ambiente hay que decirle no a la minería; se repite a diario en medios de comunicación, espacios de opinión, arengas y conversaciones que “o es la minería o es el agua”, una falsa dicotomía que funciona muy bien para simplificar el problema, pero que termina causando mucho daño a las aspiraciones que tenemos de crecer como país, de generar oportunidades y de mejorar las condiciones de vida de las comunidades. No nos equivoquemos, creer en el cuidado del medio ambiente no equivale a decirle no a la minería bien hecha; ser ambientalista no equivale a ser anti minero.

Hay que decirlo claramente: el enemigo no es la minería legal, la que soporta su actividad en una compleja colaboración multidisciplinar, la que cumple la normativa vigente; el enemigo son los ilegales que día a día causan daños irreparables al medio ambiente, y que, sin embargo, no atraen los focos que uno desearía de parte de la opinión pública, de las autoridades y de la institucionalidad.

La minería ilegal no necesita licencias ni estudios de impacto ambiental, pero tampoco deja regalías ni inversión social. Solo por extracción y comercialización ilegal de oro, entre 2010 y 2018 el país dejó de percibir más de US$5.600 millones en regalías. Si hablamos del daño ambiental encontramos que 4 de las 6 regiones del país se ven perjudicadas por la ilegalidad, siendo los departamentos de Chocó y Antioquia las regiones más damnificadas con un 42,55% y 32,05% de sus áreas totales afectadas respectivamente, según datos del Global Financial Integrity (GFI).

La minería ilegal impone condiciones de trabajo inhumanas y está ligada a la violencia y al aumento de índices de criminalidad. Es algo que todos conocemos bien, pero parece no importarles a las autoridades. Los ilegales existen no solo por la incapacidad del Estado para combatirlos, sino también porque encuentran oportunidades para ejercer su actividad destructora donde los legales no obtienen los permisos para realizar minería responsable.

Irónicamente, muchas de las voces que se oponen al proyecto de Minería de Cobre de Quebradona lo hacen acudiendo a la defensa de causas como la lucha contra el calentamiento global. No se enteran de que el Cobre juega un papel fundamental en la transición energética que se plantea el país y el mundo: el cobre es un metal con una de las conductividades térmicas y eléctricas más alta, esto lo pone a la cabeza de los minerales más utilizados en la industria energética y resulta en particular vital para el sector de la electricidad. Para generar 1 MW de energía eólica se requieren 3,6 toneladas de cobre y para generar 1 MW de energía solar son necesarias casi 5 toneladas de cobre. Si queremos hacer la transición a energías limpias, el cobre será un material fundamental. El cobre hace parte esencial de la vida actual, si usted está leyendo este texto desde su computadora, por poner un ejemplo, piense que en promedio su equipo necesitó 2kg de cobre para fabricarse.

El proyecto de Quebradona es una oportunidad que el país no puede darse el lujo de desaprovechar, teniendo en cuenta la débil situación en la que Colombia se encuentra después de vivir una pandemia de las proporciones del Covid-19, la prioridad de nuestros gobernantes es reactivar la economía, generar empleo y atraer inversores. La decisión que tomó la ANLA pone en riesgo más de 3.000 empleos directos e indirectos durante la fase de construcción. También están en riesgo los $64 mil millones que la nación dejaría de percibir en regalías y los cerca de $1.500 millones en ICA y predial que el municipio de Jericó dejaría de recibir. Tampoco nos olvidemos del Parque Biodinámico de bosque seco tropical y de alta montaña que ayudaría a la conectividad entre diversas zonas de vida y que se pone en riesgo ante una posible negativa para el proyecto. Pensemos en el cuidado del medio ambiente, pero no nos olvidemos del bienestar social y del desarrollo del país, tenemos la oportunidad de disfrutar de una minería responsable y de última generación, no dejemos pasar este tren.

Dudo que sea una insensatez llamar al raciocinio y a llegar a entendimientos por el bienestar de la región del suroeste antioqueño y del país, para 2030 se estima que la demanda de cobre llegue a los 5.4 millones de toneladas en un escenario base y hasta los 8.7 millones de toneladas si hay una aceleración en la adopción de energías verdes. Nuestro país cuenta con un enorme potencial y está en manos de todos saber aprovecharlo.

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